La Fiscalía lleva la investigación por un presunto cartel de las pensiones que estaría afectando al Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena (Fonpecar), el cual tuvo dos casos que llamaron la atención.
Así quedó registrado en lo denunciado en el llamado “libro blanco”, de la administración del alcalde William Dau Chamatt, donde se hace referencia a pensiones obtenidas presuntamente de forma irregular y a pagos de retroactivos millonarios a terceros cesionarios de crédito por fallos de tutela proferidos en el sur de Bolívar. Son varios los casos que darían cuenta de esta situación, que se tienen identificados y estudiados. Esto lo corroboró el mismo director de Fonpecar, Carlos Alberto La Rota, quien señala que hay tres casos en particular, que están dentro del proceso investigativo.
Los casos
Uno de esos casos se refiere a un hombre que obtuvo una pensión en el año 1989. Sin embargo, La Rota señala que se habrían reconocido tiempos de trabajo presuntamente falsos.
Así lo detectaron en un documento. “En el documento nos dimos cuenta que era presuntamente falso porque fuimos a cobrarle la cuota o parte a la oficina de la Alcaldía de Turbaco y allá dijeron que el señor no aparecía en sus archivos. Le enviamos oficio para que nos reconfirmaran la información y en un segundo comunicado confirmaron que no estaba en el archivo y no está registrado como trabajador para esa época. Hicimos la revisión del caso y se retiró de nómina de pensión, porque los documentos son presuntamente falsos. Tenía un reconocimiento de pensión de vejez con tiempos que serían falsos, pensionado en el 89 y ya la pensión la disfrutaba su sustituta. Era una pensión baja, pero por ella se pagaron, hasta marzo de este año, unos 338 millones en mesadas pensionales”, explicó el director de Fonpecar.
De otro lado, está el caso de un hombre al que le reconocieron una pensión de invalidez con un dictamen de invalidez que sería falso.
Esta pensión se reconoció en el 2016, pero hubo una denuncia que abrió paso a una investigación. La Rota señala que le consultaron a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, pero esta confirmó que no había dado ese dictamen. Explica que fue así como descubrieron que el número del dictamen pertenecía a otra persona, según respondió la junta.
“Supuestamente, ese dictamen había sido ordenado por un juzgado laboral, pero revisamos y esta persona tampoco tiene procesos en ese juzgado”, explicó el funcionario, señalando además que la pensión, que viene de 1994, se reconoció sin prescripción. También se pagaron 732 millones en retroactivo. Sin embargo, afirma que luego de una indagación descubrieron que el beneficiario de la pensión no recibió un solo peso de ese retroactivo. El retroactivo completo lo habría recibido el abogado. También se pagaron mesadas por un total de 137 millones.
Este caso fue cuestionado por el alcalde William Dau, pues en su informe en redes mostró fotos en las que la persona que alega la discapacidad visual aparece en una moto y en un caballo.
Las indagaciones de Fonpecar dejan ver que los retroactivos en casos como estos se pagaban siempre a cesionarios de crédito y apoderados, lo que complica el rastreo del dinero.
Fue así como identificaron pagos entre el 2013 y el 2014 por más de 8 mil millones, en 39 casos, donde los retroactivos pensionales se pagaron a terceros bajo la figura de la cesión de crédito. Es el caso de algunos extrabajadores de las antiguas Empresas Públicas.
“Ellos venían reclamando pensiones y les fueron negadas, y entre 2012 y 2013 empiezan a presentar tutelas, pero no en Cartagena, donde estas residen, sino en varios municipios, muchos de ellos en el sur de Bolívar o hasta en Sucre”, contó La Rota. Este aplica que, pese a ello, una sentencia de la Corte Constitucional ordenó que eso se tramitara por justicia laboral y revocó los casos.
“También prohibió el pago de retroactivos, pero aun así se alcanzaron a hacer pagos. En estos casos hemos identificado cesionarios de créditos que suman más de 8 mil millones, por ahora”, dijo el director del Fondo de Pensiones, quien explicó que uno de esos casos fue estudiado y se le suspendió la pensión a la persona que estaba siendo beneficiada. En este caso, a la persona le pagaron 275 millones de retroactivo, pero la mayoría del dinero la recibió el apoderado y cesionarios de crédito, como en casi todos los casos de las tutelas presentadas en el sur de Bolívar.
Respecto a los cesionarios de crédito, se señala en el informe de la Alcaldía que hay un caso que llama la atención. Se trata de una funcionaria que han identificado como cesionaria de crédito en uno de los casos del sur de Bolívar. “Tenemos los documentos que prueban que la funcionaria de la Contraloría Distrital fue cesionaria de crédito, contratista del Fondo de Pensiones de Cartagena y hoy en día es la auditora designada de la Contraloría”, explicó el alcalde Dau, indicando que esta ha pedido información del caso del sur de Bolívar en el que habría sido cesionaria.