Luego de la controversia generada por la compra de 400 mil tapabocas para funcionarios de la Contraloría General de la República en todo país, por valor de $722 millones, la entidad aclaró como fue el proceso y aseguró que este se realizó conforme a la ley.
Según Sandra Bohórquez, la gerente administrativa y financiera de la Contraloría, la contratación se hizo de manera directa debido a la emergencia sanitaria declarada en el país e indicó que Bon Sante S.A.S, fue la empresa escogida por tener varios contratos en diferentes entidades en todo el territorio nacional y además el valor de los tapabocas y otros elementos de bioseguridad adquiridos era inferior a los precios registrados en la Tienda Virtual del Estado colombiano.
La Contraloría, informó que Bon Sante S.A.S ha cumplido con su objeto contractual en entidades como la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Agustín Codazzi, la Armada Nacional, el municipio de Buga, el Ejército Nacional y la Gobernación de Sucre, entre otras, y por ende no hay irregularidades que despierten alertas para la ejecución de su contrato, el cual beneficiará a todos los funcionarios del ente de control en Colombia.
